Las medidas de suspensión de la contratación pública y restricciones a la movilidad para afrontar la crisis sanitaria han impactado negativamente en la actividad del sector de la construcción durante 2020 ya que la licitación pública en obra civil se ha reducido un -26% (alcanzando los 8.364 millones de euros -M€-) y la contratación pública un -40% (tan solo 6.348 M€) situándonos, en ambos casos, en niveles de 2014, según datos de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.
Igualmente, explican que, en concreto, desde el primer estado de alarma (marzo) hasta diciembre, el tráfico en las autopistas y autovías estatales y autonómicas, gestionadas por sus empresas asociadas, cayó un 37% y un 35%, respectivamente. Además, en marzo, abril y mayo se destruyeron 80.200 empleos de media al mes en total en el sector construcción, habiéndose recuperado en su práctica totalidad a final de año.
Añaden, también, que el sector ha seguido arrastrando este año dos importantes ineficiencias. La primera, relacionada con la ejecución presupuestaria de los dos grandes ministerios inversores (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ya que, en 2020, no ha superado el 68,7%. En los últimos 14 años, el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 M€, generando un efecto muy negativo en la actividad: 48.000 empleos anuales no creados y 20.145 M€ de retorno fiscal por impuestos y cotizaciones sociales dejados de percibir por el Estado en dicho periodo de tiempo.
Esta situación de no ejecución, explican, se debe a los retrasos injustificados en los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos, a la suspensión y resolución de contratos a causa de las adjudicaciones a ofertas con precios anormalmente bajos -que originan proyectos incompletos o de insuficiente calidad- y a la elevada judicialización de los problemas que surgen de la interpretación y cumplimiento de los contratos.
La segunda es la indecisión política para solucionar los obstáculos regulatorios que impiden la captación de capital en los mercados financieros para financiar las infraestructuras que el país necesita para resolver su déficit en infraestructuras prioritarias y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas. En 2020, el valor de las concesiones de infraestructuras apenas alcanzó los 50 M€.
Con respecto a las perspectivas del sector para 2021, desde SEOPAN señalan que se presentan inciertas, pues el crecimiento potencial, situado entre el 1 y el 2,7%, está condicionado por la ejecución presupuestaria antes mencionada -fundamentalmente ADIF, que representa el 24,4% de la obra civil nacional-, las decisiones de las Administraciones Públicas de impulsar contratos de colaboración público-privadas y por la capacidad que tengan dichas Administraciones de gestionar en plazo las ayudas europeas -que, para 2021, se estiman en 34.490 M€-. En este sentido, y dados los reducidos plazos existentes y los retrasos que se han producido en la Unión Europea (UE) para aprobación de las normas reglamentarias de los Fondos Europeos, la Asociación estima que debería de plantearse a las autoridades competentes de la UE una posible ampliación de los plazos de ejecución de estas ayudas.
